En una ruptura, separación o divorcio responsable, los hijos deben mantener relación con ambos progenitores, para su normal desarrollo, salvo que se de alguna situación de riesgo para el menor. Habitualmente, tras un periodo de adaptación post separación, los progenitores logran mantener el equilibrio suficiente para seguir apoyando la crianza de sus hijos/as. Pero no siempre es así, en ocasiones, la ruptura de pareja introduce a todo el grupo familiar en una espiral de conflictos, haciendo difícil el ejercicio conjunto de ser padres, dañando con ello gravemente a sus hijos/as.
Según cifras publicadas por del Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2018 se produjeron un total de 111.838 procesos de ruptura: casos de nulidad, separación y divorcio. El 58,75% fueron de mutuo acuerdo, y el 41,25% restante, divorcios no consensuados. Se estima, por parte del sector profesional incumbido en situaciones de esta naturaleza, que los casos de alta conflictividad absorben el 90% de los recursos del sistema judicial. De ahí, su demora en resolver los procedimientos, creciendo con ello el número de víctimas, se estima que cada año, cerca de 100.000 menores se ven afectados.
La ruptura de pareja con hijos menores es una de las situaciones más estresantes que podemos vivir, especialmente, cuando se llega a un enfrentamiento judicial y aun mayor cuando se incumplen los acuerdos o medidas adoptadas.
Llamamos casos de alta conflictividad, cuando existe un reiterado incumplimiento de la sentencia y las decisiones o medidas sobre el régimen de custodia, las pensiones alimenticias y vivienda suelen anteponerse a la protección al menor.
En estas situaciones, los hijos se encuentran inmersos en los problemas de los adultos y muchos se ven obligados a tomar partido por uno de sus progenitores.
Los limitados recursos de los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados y de los Servicios Sociales, dan lugar a grandes dilaciones en los procesos judiciales, un tiempo muy valioso en los que los niños/as pueden perder la relación con uno de los progenitores y por extensión de la mitad de su familia. Herramientas de resolución de conflictos de naturaleza voluntaria como la mediación, han fracasado en este tipo de procedimientos donde existe un reiterado incumplimiento de las sentencias por ser voluntario.
El resultado de esta ineficaz actuación, son miles de menores que llegaran a la mayoría de edad, sin haber recibido la protección legal necesaria desde el momento que se detectó el problema, habiendo perdido todo contacto con el padre o la madre que, resignados a una vida rota, mantienen la esperanza de que algún día esos hijos, tal vez ya adultos, se den cuenta de todo lo ocurrido, o simplemente busquen respuestas.
Por este motivo la Fundación Filia buscó soluciones y en el año 2015 presentó en Cataluña la figura del Coordinador Parental, como una herramienta de resolución de conflictos auxiliar del Juez que vela por el bienestar y los intereses del menor en fase de ejecución de sentencia de carácter obligatorio.